Antonio Félix | Sevilla EL M UNDO
Actualizado
lunes 08/06/2009 20:00 horas
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Nuestras investigaciones ponen de manifiesto la existencia de una
forma de operar, contable y mercantil, en la que se confunde todo lo
relativo al Real Betis con el patrimonio personal de Manuel Ruiz de
Lopera».
«Sin duda ninguna, nos encontramos ante una
falsedad en el contrato mercantil que viene a perjudicar los intereses del Real Betis, que ha de pagar unas cantidades que correspondería asumir a Tegasa».
Éstas son dos de las conclusiones a las que llega el
exhaustivo informe, de más de 500 páginas,
que la unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil ha remitido
al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, donde se investigan los
presuntos delitos societarios y de apropiación indebida de Lopera en el
Betis.
La Guardia Civil se puso a disposición de la juez Mercedes Alaya una vez que ésta admitió a trámite la
querella interpuesta contra Lopera por grupos de accionistas opositores y por la Fiscalía de Sevilla.Lopera ya fue acusado y condenado por delitos fiscales
Los grupos especializados en delincuencia económica ya habían
investigado el fraudulento entramado societario que Lopera montó en
torno al Betis con ocasión de un
anterior juicio (caso Hacienda), en el que el dirigente bético fue acusado y finalmente condenado por dos delitos fiscales.
La juez reclamó otra aportación de la unidad de la Benemérita, que
practicó nuevas diligencias y tomó más declaraciones a los imputados.
Sus conclusiones forman parte de un macroinforme que pone patas arriba
el tinglado con el que se ha venido administrando ilícitamente el Betis.
El informe de la UCO (Unidad Central Operativa) resulta concluyente respecto a la
trama familiar con
que Lopera controlaba las empresas satélites del Betis; y sobre las
graves irregularidades en la gestión, en perjuicio del club y a favor
de estas sociedades fantasma.
El primer punto resultaba pertinente dado que Lopera negó
tajantemente tener alguna relación con las empresas que, supuestamente,
gestionaban el Betis,
Tegasa (Técnica y Garantía del Deporte, SA) y
Encadesa(Encaje del Deporte, SA). Sin embargo, los investigadores de la Guardia
Civil pronto pusieron de manifiesto que sucedía todo lo contrario. «Los
administradores de Tegasa y Encadesa son personas del entorno más
cercano a Lopera».
Su conclusión admite poca interpretación: «Las personas que forman
parte del accionariado de Tegasa y Encadesa, así como la mayoría del
accionariado del Real Betis, no son otras que las que sustentan el
patrimonio personal de Ruiz de Lopera».
El principal ‘testaferro’ de Lopera fue quien admitió «la trama familiar»
Pero es que, incluso, fue el
principal testaferro de Lopera, Guillermo Molina,
quien reveló la vinculación de todas estas empresas con su jefe,
durante los interrogatorios a los que le sometió la Guardia Civil.
Molina (también imputado, y célebre por ser el mandado de Lopera en
el famoso vídeo donde escenificaron la salvación del Betis en el 92)
señaló
entre los testaferros a la suegra o al cuñadodel dirigente bético, además de algunas «amigas muy próximas desde
siempre a la familia», casos de Teresa González, Mercedes Ferraro o Ana
Peña, estas dos últimas, igualmente, imputadas en la causa del presunto
delito societario.
Asentada la trama familiar, el grupo de Delincuencia Económica se
centró en poner de relieve los fraudes, a su juicio, cometidos. Lo
primero que llama la atención es lo minúsculo de las empresas a las que
Lopera cedió la gestión del Betis, por la que supuestamente cobraron
millones de euros.
El primer contrato entre el Betis y Tegasa corresponde al año 1993:
dicha empresa contaba entonces con dos empleados. En 1999, su año de
mayor actividad (en el que tuvo que negociar los millonarios contratos
de obra en el estadio), tenía seis trabajadores a su servicio.
[En investigaciones más extensas sobre este apartado, la Audiencia
Nacional llegó a la conclusión, en tres sentencias, de que era el Betis
quien realmente realizaba los trabajos por los que cobraba Tegasa,
sociedad a la que «financiaba»]
Las
empresas fantasma de Lopera, por cierto,
no tuvieron más actividad que la realizada con el Betis. Y ésta, precisamente, no estuvo marcada por la claridad.
Tras estudiar los contratos entre ambas entidades y las deudas
supuestamente contraídas por el Betis, la Guardia Civil advierte
diversas irregularidades que, casualmente, redundan en
perjuicio del club. «La forma de operar confunde todo lo relativo al Real Betis con el patrimonio personal de Lopera».
Más concretamente, los agentes llaman la atención sobre el
incumplimiento de diversas cláusulas en los contratos entre Tegasa y el
Betis, y su modificación para que beneficien a la empresa fantasma de
Lopera.
El dirigente siempre alardeó de que sus empresas garantizaban la
supervivencia del Betis. Efectivamente, en 1993 el club adquirió
algunos blindajes interesantes. Por ejemplo, respecto a las
obras del campo,
se reservaba el derecho «de pedir a Tegasa la restitución del Estadio a
su estado original o quedarse con las mejoras realizadas, sin tener que
abonarle ningún tipo de indemnización».
A la hora de la verdad, eso se convirtió en papel mojado. De hecho,
sin mayor sentido, unos años después el Betis firmó otro contrato en el
que quedó «obligado» a indemnizar a la sociedad fantasma con casi 7
millones de euros por la ¡no realización de las obras!
Los investigadores reflejan éstas y algunas otras «
falsedades en documento mercantil que vienen a perjudicar los intereses del Real Betis».
El macroinforme de la Guardia Civil es pieza central en la
investigación que el juzgado 6 de Sevilla viene desarrollando. Además,
dos peritos de la Agencia Tributaria llevan más de un año en el club
obteniendo toda la documentación posible. La juez vio indicios
«continuados» de delito por parte de Lopera desde el año 1993. Se
espera que, en breve, concluyan su trabajo.
Le tocará entonces a la juez calificar los delitos y fijar las
penas, que ya resolvería otro juzgado tras el proceso correspondiente.
Por un delito societario, Lopera
se enfrentaría a condenas de hasta cuatro años de prisión y multas de hasta el triple de lo defraudado.